Los Estados que han logrado controlar el flujo masivo de inmigrantes indocumentados hacia su territorio, han recurrido a la deportación o expulsión de extranjeros, o grupos de forasteros, que ingresa a su territorio violando la ley de migración, pero también ejecutan severas restricciones que impiden a los ilegales el acceso al mercado laboral, a los negocios, estudios universitarios y a la vida profesional con el fin de legalizar su status en ese país.
Canadá es un ejemplo de territorio altamente organizado contra inmigrantes ilegales; en cambio, su vecino, Estados Unidos de América, no lo es, situación negativa que advino como una causa eficiente de la victoria del expresidente republicano Donald Trump, quien planea deportar 15 millones de indocumentados desde que vuelva a la Casa Blanca el 20 de enero venidero. Economistas y políticos han advertido a Trump sobre las negativas repercusiones que en la economía surtirá, en términos laborales y de precios, el masivo plan de desarraigos, uno que pretende triplicar los 5 millones que Barack Obama deportó entre 2008 y 2016.
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Debido a la situación geográfica de vecindad con Haití, una de las naciones más pobres y violentas del planeta, el Estado Dominicano vive un status fronterizo cuasi en permanente caos, al borde del colapso, a un tris de la lucha armada. La administración del presidente Abinader ha apelado a las deportaciones masivas y edificó un muro de contención que bordea las provincias de la línea divisoria.
Pero, hasta ahora, muro y deportaciones no han funcionado como la receta adecuada contra la crisis fronteriza, que requiere una mayor la diplomacia y medidas internas desfavorables a los indocumentados. Creo que el gobierno y el sector privado deben convertir la República Dominicana en una nación menos atractiva para los ilegales, cerrando las vías mediante las cuales pudieran legalizar su status, imponiéndoles sanciones y multas a sus empleadores.
Por eso, veo con simpatía el anteproyecto de ley que procura limitar el alquiler de viviendas y restringir el acceso al trabajo de inmigrantes indocumentados haitianos, una iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados. Reducir el trabajo de haitianos al margen de la ley en las faenas agrícolas, construcción, turismo y limitarles la compra de inmuebles es un imperativo nacional.
La deportación procede, según el artículo 121 de la Ley de Migración, cuando un extranjero haya ingresado clandestinamente al país y permaneciere en él de forma ilegal; cuando haya obtenido su entrada, o permanencia, mediante declaración o documentos falsos; cuando permanezca en territorio nacional una vez vencido el permiso autorizado, y cuando tras cancelarse su permanencia no abandonara el país en el plazo previsto.
Reducir a los ilegales las oportunidades que merecen los documentados es un camino más eficaz que el muro y las deportaciones.
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