La otra reforma o la revolución sin ruido del presidente Abinader

Segunda entrega

En la primera entrega del presente artículo intentamos demostrar que la administración del presidente Luis Abinader ha puesto en marcha desde el inicio mismo de su gestión en plena crisis del Covid-19, en agosto del año 2020, un proceso de transformación institucional que sin hacer mucho ruido ha marcado un antes y un después en la gestión de los asuntos públicos de la República Dominicana.

Y apuntaba que a pesar de todas las dificultades del momento, que proyectaban un agudizamiento de los déficits que ya arrastraba el país, su administración no solo logró implementar, probablemente el m-as exitoso programa de recuperación de la crisis sanitaria y económica de la pandemia a nivel mundial, sino que también se ocupó de abordar una serie de problemas crónicos y ancestrales que no habían merecido la atención de gobiernos anteriores a pesar de actuar en circunstancias menos apremiantes.

En otras palabras, los resultados de las políticas públicas aplicadas en los últimos cuatro años, muestran en la comparación basada en datos puros y duros que el país ha logrado avanzar notablemente en los principales temas que impactan el ordenamiento institucional, el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de nuestra gente.

En ese sentido evaluamos y medimos en el primer trabajo los resultados derivados de las acciones del Gobiernos en iniciativas y políticas sobre programa burocracia cero, Independencia de la Justicia, continuidad institucional, Corrupción e inversión pública, descentralización de la inversión, y justicia salarial, áreas que representan la cabeza de playa de un proceso de transformación institucional que está cambiando al país. En la segunda parte de este trabajo esbozamos otros temas de políticas públicas que también marcan un antes un después:

Agua potable y saneamiento. Si usted piensa en los 14 años que implicó la construcción del Acueducto Múltiple de Peravia, iniciado por Leonel Fernández en el 2008 y terminado por Luis Abinader en el 2022, podría entender mejor la magnitud del programa de inversión que ha ejecutado el actual gobierno en solo 4 años a través del INAPA, sumando 50 obras entregadas con una inversión que ronda los 25 mil millones de pesos en construcción y rehabilitación de sistemas de agua y saneamiento, que han ayudado a cambiar la vida de dos millones de dominicanos. No menos impactante ha sido el aporte de la CAASD al incrementar en 86 millones de galones la producción de agua potable del Gran Santo Domingo, además de llevar el líquido por tuberías por primera vez a más de 70 comunidades. El INAPA Y LA CAASD también han sido responsables de los proyectos de Arroyo Gurabo, en Santiago; y Cristo Park, en el Distrito Nacional, las dos obras de saneamiento de mayor impacto ambiental, social y urbanístico en la historia del país.

Apoyo a la producción agropecuaria. La atención del Gobierno a los productores fue un factor clave en la rápida recuperación del sector agropecuario antes de concluir la emergencia sanitaria. La entrega de 20 mil millones de pesos al Banco Agrícola aportó una inyección de recursos frescos para los programas de apoyo a la producción. Este monto representó un 70% más que los 12 mil millones asignados a la institución en los 4 períodos de gobierno anteriores, facilitando préstamos al sector por más de RD$104 mil millones y aplicando parte de esos recursos al programa tasa cero en beneficio de 15 mil productores. Así los volúmenes de producción pasaron de un promedio anual de 320 millones de quintales, en el periodo 2017-2020, a 370 millones de quintales en el periodo 2021-2023. Un hecho a resaltar es que el país produce casi el 100 % del arroz que demanda el mercado nacional.

Reducción del hambre y la subalimentación. Desde la oposición se vaticinaron hambrunas pero en el cuatrienio 2020-2024, con todo el impacto de la pandemia y de los insumos en los mercados internacionales, el país ha logrado elevar la producción de alimentos en un 15% al pasar de 320 millones de quintales en promedio anual en el periodo 2017-2020, a 370 millones de quintales en el periodo 2021-2023, y encabezando junto a Panamá la lista de países de América Latina que han logrado reducir el hambre y la subalimentación, al pasar de 8.7% en el 2020 a 4.6 % en el 2024, de acuerdo a recientes datos de la FAO-ONU. El pasado ministro de Agricultura, Osmar Benítez, también lo ha reconocido: “República Dominicana es uno de los pocos países que produce más del 90 % de la demanda de la canasta básica alimentaria de su población”.

Gestión de crisis y sentido de prioridad. La creación de los gabinetes sectoriales para abordar la crisis de la pandemia con la participación de los principales actores sociales y económicos del país, es uno de los grandes aportes del presidente Abinader a la cultura de la buena gobernanza pública. Pero no menos trascendente fue la respuesta integral a la pandemia mediante el reforzamiento del sistema sanitario, educación y disciplina social, campaña de vacunación, estrategia de retorno a la normalidad y recuperación de los sectores productivos; Al Presidente no le tembló el pulso para destinar más de 147 mil millones de pesos en subsidios en beneficio de los sectores sociales y económicos más vulnerables, junto a las medidas para mitigar el impacto de la inflación internacional y la atención inmediata a las víctimas del huracán Fiona en la Región Este. Con este sentido de prioridad el país no habría invertido US$50 millones en la construcción de una universidad en Haití mientras abandonaba a su suerte durante varios años a miles de familias en la Hoya del Lago Enriquillo.

El derecho a la vivienda. El acceso a un techo propio no solo es un derecho constitucional, sino también una de las aspiraciones más arraigadas en la familia dominicana. A través de los programas Dominicana se Reconstruye, Mi Vivienda y Familia Feliz, el Gobierno ha canalizado en los últimos 4 años una inversión superior a los 29 mil millones de pesos, favoreciendo a más de 303 mil familias a través de nuevas viviendas y mejoras habitacionales, un logro complementado con el Plan Nacional de Titulación, que hasta el mes de agosto del 2024 había hecho posible la entrega de más de 100 mil títulos de propiedad en por lo menos 29 provincias del país, beneficiando a más de 336 mil personas. Es sabido que para una familia el título de propiedad es el primer escalón para alcanzar el sueño de una vivienda propia digna.

Política migratoria: antecedentes. La Ley General de Migración 285-04 fue promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 15 de agosto del 2004, pero el país debió esperar 7 años para que el presidente Leonel Fernández promulgara el reglamento 631-11 para su aplicación. Sin embargo, esta iniciativa no fue complementada por las acciones necesarias para su debido cumplimiento. El presidente Danilo Medina, por su parte, asumió una actitud más que conservadora frente al tema de la migración, tal como le reflejó en su decreto del 17 de enero del 2014, cuando anunció algunas medidas “para impedir la entrada irregular de ciudadanos haitianos”, aunque al mismo tiempo prohibió las deportaciones de los mismos nacionales que ya estaban irregularmente en el país. En el 2018 el presidente Medina anunció un conjunto de medidas para darle cumplimiento a la ley 285-04 en la franja fronteriza con Haití, incluyendo la utilización de drones, cámaras, aumento de la vigilancia militar y helicópteros todo terreno. Esta medida no cambió el status tradicional de la frontera.

La voluntad inquebrantable del presidente Abinader. En el inicio de su gestión, en medio de la pandemia, el problema migratorio no parecía ser una de las prioridades del país, pero en diciembre del 2020 el presidente Abinader dejó claramente establecido que haría cumplir a carta cabal la Ley General de Migración 285-04 y su reglamento de aplicación 631-11. Y así ha sido desde el 2020 hasta ahora. El Gobierno Dominicano ha puesto en práctica una política migratoria más humana, ordenada y respetuosa de la Ley, mientras ha dispuesto la expatriación de más de un millón 200 mil haitianos ilegales. Solo en los últimos dos años, se han construido seis grandes centros de procesamiento de extranjeros en Haina, Santiago, Dabajón, Jimaní, Elías Pila y Benerito-Higuey. En cuanto a la frontera el cambio ha sido radical, no solo por instalación de la verja perimetral inteligente en los puntos estratégicos de la línea divisoria con Haití, sino, y sobre todo, por la voluntad del Gobierno de asumir el control de lo que parecía ser tierra de nadie y hacer cumplir el mandato constitucional que “declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza…” Durante el período 2021-2023 la inversión per cápita en la zona se ha más que duplicado con relación al período 2016-2019. Además de los proyectos turísticos, viales y logísticos desarrollados Cabo Rojo, Pedernales, Montecristi y Manzanillo, con una derrama hacia Dajabón y Santiago Rodríguez, al cierre del 2024 deberían finalizar al menos 42 intervenciones en 24 comunidades de seis provincias. Estas obras tienen que ver con el acceso a energía eléctrica, internet, vivienda, agua potable y saneamiento.

El derecho a la vivienda. El acceso a un techo propio no solo es un derecho constitucional, sino también una de las aspiraciones más arraigadas en la familia dominicana. A través de los programas Dominicana se Reconstruye, Mi Vivienda y Familia Feliz, el Gobierno ha canalizado en los últimos 4 años una inversión superior a los 29 mil millones de pesos, favoreciendo a más de 303 mil familias a través de nuevas viviendas y mejoras habitacionales, un logro complementado con el Plan Nacional de Titulación, que hasta el mes de agosto del 2024 había hecho posible la entrega de más de 100 mil títulos de propiedad en por lo menos 29 provincias del país, beneficiando a más de 336 mil personas. Es sabido que el título de propiedad es el primer escalón para alcanzar el sueño de una vivienda propia y digna.