Estancados. Así luce la mayoría de expedientes de persecución de la presunta corrupción administrativa que han sido sometidos en la gestión que encabezan Miriam Germán, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
De ahí que más de una voz se levante de manera asidua señalando el supuesto “fiasco” que ha sido el llamado Ministerio Público independiente. Sin embargo, Juan Pablo Duarte dijo: “Sed justos lo primero si queréis ser felices” y, en aras de eso, es preciso equilibrar las responsabilidades en estos procesos.
La Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11) establece que le corresponde la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirigida a prevenir, controlar, gestionar y perseguir los hechos punibles.
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Si se analiza sin sesgos, al Ministerio Público hay que reconocerle avances en materia de persecución. Esta gestión ha sembrado precedentes en sometimientos, incluyendo sectores que antes no se tocaban: generales, empresarios y políticos de turno. De expedientes truncos como el del caso Odebrecht, pasó a expedientes muy bien elaborados.
Además, la consigna de Marcha Verde, recuperar lo robado, es otra área en la que se ha avanzado. Un informe reciente cifra en más de RD$3,200 millones los bienes recuperados. En materia de persecución, a este Ministerio Público hay que dársela, pese a que hay áreas que continúan con grandes déficits.
Ahora bien, esto no ha bastado para saciar la sed de justicia del pueblo dominicano contra la corrupción y la impunidad. Pero, ¿quién es que fallado? Se creía que bastaba con tener un mejor Ministerio Público, pero la experiencia ha demostrado que también el Poder Judicial debe jugar su rol.
Recientemente, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, señalaba la disminución de la mora judicial, que a mediados de año pasó de 70 a 46%, y la digitalización como principales avances de su gestión. Sin embargo, no hay mora para los casos de delincuencia común. Ni a los jueces ni al Estado les tiembla el pulso para pasarle causa a los Juan de los Palotes. El tapón es en los casos grandes de presunta corrupción.
Cuando se analiza ese estancamiento, encontramos que una de las causas son las tácticas dilatorias que utilizan los abogados defensores, cuando, sin afectar nunca el debido proceso, los jueces y las juezas, como administradores de justicia, deberían poner el orden.
La historia reciente no me deja mentir. Cuando se iba a conocer el caso Baninter, se tomaron medidas, hasta logísticas, para viabilizar el juicio. ¿Por qué ha faltado esta voluntad ahora?
¿Cómo es posible que se suspendan las audiencias porque un imputado esté invitado a una boda? ¿Cuál es la necesidad de que los reenvíos sean tan lejos? ¿Por qué obligar a dar lectura, letra por letra, a un expediente de 12 mil páginas? Lo mucho hasta Dios lo ve.
Se supone que evitar largas para determinar la inocencia o la culpabilidad de los imputados debe ser la aspiración principal de jueces y acusados, sobre todo de aquellos que se saben inocentes.
Pero cuidadito compay Mon. Como gallina de los huevos de oro se han bautizado muchas cosas en este país, pero en el contexto actual la verdadera gallina de oro es la estabilidad política y social y eso pasa porque todavía el dominicano cree en algunas instituciones.
Por ejemplo, la gente se “jartó” de la corrupción, salió y marchó demandando justicia. Hubo un cambio en el Ministerio Público y la gente se calmó. Pero, ¿quién quita que en la medida en que sienta que esos procesos han sido un fiasco los ánimos se caldeen?
Hay que ponerle el cascabel al gato, pero en aras de ser justo, en ese proceso lo correcto es pedirle mejoras al Ministerio Público, pero también más cuentas al Poder Judicial. Hay que enfocarse menos en Yeni, Camacho y Miriam Germán, y más en el Poder Judicial.
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