La ambigüedad de algunos puntos de la recién divulgada Política de Protección de Datos, específicamente en el acceso de informaciones de involucrados en procesos legales, es lo que ha disparado las alertas en el sector de la prensa, según el abogado Francisco Álvarez Martínez.
El jurista que defiende el compendio de normas, porque restringe la accesibilidad de casos que no son de interés colectivo, sin embargo, entiende que debe discutirse para aclarar la dimensión de su aplicación.
«Yo creo que el Poder Judicial falló en la labor de divulgación, se debió comunicar a los diarios específicamente, y explicarle cual es el alcance de eso, el que lo lee frio lo que entiende es que le están limitando la información«, indicó Álvarez en el programa El Día que se transmite por Telesistema Canal 11.
Aclaró que la regulación establece que el ciudadano tendrá un «acceso directo» a los expedientes, privilegio que ahora está impedido.
«Eso hace que el ciudadano pueda tener un control más directo de sus expedientes, porque ahora mismo si yo tengo un caso de ustedes, ustedes van a saber del caso a través de mi, su abogado«, precisó el especialista en Derecho.
Aunque saluda la aplicación de la Política de Protección de Datos, el jurista recomienda al Poder Judicial su discusión con los miembros de la prensa.
«Se debe tener una discusión consciente, entre la prensa que sería la más afectada, y el Poder Judicial, porque nosotros tenemos un problema de base, que debemos entender en contexto estadístico, los casos mediáticamente relevante son menos de 1000 y el poder Judicial maneja más de 5000 mil expedientes al año».
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«Esos expedientes no pueden ser la regla que se imponga para tratar todos los casos, pero lo que nosotros tenemos que entender es, que las empresas de Buró Crediticio para ponerle un ejemplo, van a tener acceso a centeneras de miles de procesos judiciales que van a minar de allí para sacar todo tipo de datos, que ahora mismo no tienen la posibilidad«, indicó respecto a las luces de la pieza.
Exoneraciones
Respecto al controversial tema de las exoneraciones, que propone reducir el presidente Luis Abinader en a legisladores, el abogado respalda la limitación del beneficio.
Sostiene que muchas de exoneraciones «son revendidas» lo que considera como un acto ilegal.
«Se esta diciendo al Estado dominicano, lo peor de eso es que si yo fuera diputado senador, yo estuviera en pánico porque si yo tuviera un vehículo a mi nombre en manos de un tercero, que yo ni conozco, y no se que está haciendo yo no dormiría tranquilo.. Y peor es cuando tu vas a un dealer que tu ves que te lo venden con esa exoneración», reveló.
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