Por Jorge Fábrega
El voto obligatorio es una característica común en América Latina: 13 países de la región han decidido que el sufragio no solo sea un derecho, sino también un deber, reforzado con diversos grados de sanción y efectividad. Bajo esta premisa, el voto obligatorio busca que todos los sectores de la sociedad participen activamente en la toma de decisiones públicas, contribuyendo así a una democracia más inclusiva. Sin embargo, detrás de esta obligatoriedad se esconden desafíos complejos: el acto de votar, por sí solo, no siempre se traduce en una participación comprometida e informada.
El reciente estudio del GPS Ciudadano, elaborado por la consultora de opinión pública Datavoz en Chile —país que en 2022 reintrodujo el voto obligatorio tras una década de voluntariedad—, revela una realidad que resuena en toda América Latina. En el contexto de este estudio, los encuestados consideran la falta de voto como una infracción social de alto calibre, más grave incluso que actos como evadir el pago del transporte público o arrojar basura en espacios protegidos. Este hallazgo sugiere que, para los ciudadanos, votar es más que un acto electoral; es una responsabilidad ética, una expresión de compromiso cívico y una pieza fundamental en el engranaje de la sociedad democrática.
Sin embargo, la obligatoriedad del voto no es la solución mágica para alcanzar una democracia robusta y representativa. Este mecanismo, aunque efectivo para movilizar electores, no garantiza que esa participación se traduzca en representación genuina o en una restauración de la confianza hacia instituciones y partidos políticos, que sigue siendo un tema pendiente en gran parte de América Latina. La región enfrenta un reto que va más allá de la simple obligatoriedad: ¿cómo transformar este deber en un ejercicio de participación consciente y de conexión real con el sistema político?
La cuestión central no es solo si el voto debe ser obligatorio o voluntario, sino cómo asegurar que ese acto obligatorio contribuya a una democracia realmente cercana a sus ciudadanos. Aunque la participación aumenta en países con voto obligatorio (según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral – IDEA, en un promedio de un 7 % en comparación con países de voto voluntario), este incremento no siempre refleja una ciudadanía bien informada o comprometida. América Latina necesita un enfoque renovado, donde la educación cívica y una comunicación política honesta y accesible se conviertan en los pilares que sustenten un electorado consciente de su poder y responsabilidad.
Uno de los retos más comunes en los países con voto obligatorio es el aumento de los votos nulos y blancos, que en muchos casos denotan desilusión más que desinterés. El malestar ciudadano no se borra en las urnas; por el contrario, se hace visible cuando la ciudadanía se siente obligada a votar sin opciones que perciba como auténticas o representativas.
En Chile, las elecciones recientes muestran cifras que no hacen sino confirmar este último argumento: más del 25 % de los votos fueron nulos o blancos en las elecciones de consejeros regionales, 10,7 % en la elección de alcaldes, 18 % para gobernadores y 21,4 % para concejales. Este fenómeno es una señal de desconexión profunda, que no se soluciona con sanciones económicas, sino con un cambio real en la relación entre los ciudadanos y sus representantes.
La obligatoriedad del voto puede ser una herramienta poderosa en nuestra región, pero su impacto depende de mucho más que de las sanciones. Que los ciudadanos perciban el voto como un deber fundamental es un buen punto de partida, pero debe complementarse con esfuerzos que busquen reconstruir la confianza en las instituciones y la representatividad democrática. América Latina debe avanzar hacia una democracia en la que la educación cívica y la transparencia en las candidaturas faciliten una participación genuina, conectando a los ciudadanos con las instituciones y reforzando el sentido de pertenencia y compromiso.
Una democracia sólida no se construye solo con la asistencia a las urnas; se construye con votantes informados y comprometidos, cuyas voces reflejan una voluntad auténtica y consciente. La experiencia de Chile sirve como recordatorio para toda América Latina: el voto obligatorio puede ser solo el primer paso hacia una democracia plena, pero el reto verdadero está en construir un sistema que refleje de manera fiel la diversidad y la voluntad de nuestros pueblos.
Jorge Fábrega es socio director de la consultora Datavoz. Académico en el Centro de Investigación de la Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo.
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