El proyecto de ley sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales que depositó el Poder Ejecutivo incrementará la pena por la comisión de estafas masivas en el país.
El delito de la estafa es sancionado con una pena máxima de dos años de prisión y el pago de una multas en el Código Penal vigente, en cambio, el proyecto de ley depositado esta semana contempla penas de 3 a 10 años de prisión.
El proyecto de ley establece que “incurre en el delito de estafa masiva, quienes, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, por acción u omisión, con ánimo de lucro, utilice engaño o maniobra fraudulenta para atraer activos de una pluralidad de personas, con la promesa de suministrarle un beneficio pecuniario».
En los considerandos, el presidente Luis Abinader explica que la razón del depósito de este proyecto ante el Congreso Nacional es para trabajar acorde con los estándares internacionales establecidos en las convenciones internacionales para la estandarización de los instrumentos normativos de la prevención, detección y sanción de los fenómenos delictivos de naturaleza trasnacional como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional del año 2000, de la que es signataria la República Dominicana.
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El Código Penal Dominicano, que debería tener actualizadas las sanciones y delitos está desactualizado, data del siglo XIX. A lo largo de los años se ha pretendido actualizarlo, pero no ha tenido éxito en las cámaras legislativas, esencialmente por el tema del aborto.
El ejecutivo resaltó en el proyecto que la inobservancia de los estándares internacionales, que solo se lograría con la adopción de medidas legislativas y de otra índole para prevenir, tipificar y sancionar de manera eficaz los delitos, «colocaría a la República Dominicana en una lista de países no cooperantes, con consecuencias negativas para su reputación».
Otras penas que contempla
Por esta razón, a través de la Consultoría Jurídica, el mandatario depositó la pieza de ley con drásticas sanciones de 30 a 50 años de prisión para unos 20 delitos, incluyendo las estafas masivas.
Fija pena de 10 a 30 años de cárcel a las personas que constituyan una organización criminal para cometer delitos, como lavado de activos, terrorismo, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados.
También, para el secuestro, tráfico y comercialización de órganos humanos, estafas, desfalcos y sobornos contra el Estado, tráfico de niños, delitos financieros, intermediación financiera no autorizada, estafa piramidal o esquema Ponzi, delitos medioambientales y sicariato.
Hay más: delitos de alta tecnología, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas, falsedad de documentos públicos, delitos graves cometidos contra las personas y cualquier otro delito cuya pena mínima sea igual o superior a los tres años de prisión.
50 años para el sicariato
El artículo 38 señala: «La persona que mate a otra por pago, recompensa, promesa remuneratoria o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero», será sancionada con 40 a 50 años de prisión y multa de 75 a 350 salarios mínimos.
La misma pena será aplicable a la persona que contrate el sicario de forma directa o indirectamente. Incluso, «la sola publicidad y oferta de sicariato» será penalizado con tres y 10 años de prisión y multa de 30 y 50 salarios mínimos.
