El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) presentó ayer un balance del 2024, en el cual citó como aspectos negativos la lentitud en el conocimiento de los casos de corrupción pública por parte de los tribunales, así como un estancamiento de la lucha contra este flagelo, debido a la inacción de organismos de fiscalización y control como la Cámara de Cuentas, el Congreso Nacional, la Contraloría General y la Dirección de Ética.
En rueda de prensa en la sede la entidad, Erick Hernández Machado, coordinador general de PC, lamentó, además, que se haya perdido la oportunidad de un acuerdo nacional para la reforma fiscal, en razón de que el país tiene una larga lista de necesidades de inversión para mejorar la vida de la población.
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En ese contexto, exhortó al Gobierno a retomar en el 2025 esa reforma y avanzar en las otras prioritarias, como las de seguridad social, salud, partidos políticos, seguridad ciudadana, policial, Código Penal y modificación de la ley de Contrataciones Públicas.
Recordó que la importante ley de Extinción de Dominio, promulgada en el 2022, todavía no ha entrado en ejecución por falta de los reglamentos.
Otro aspecto negativo mencionado en el informe, es la norma del Poder Judicial que intenta impedir el acceso a información sobre las identidades de imputados.
“El panorama preocupante del sector justicia se acrecentó recientemente, cuando fue anunciada una normativa que contribuye a socavar la transparencia, mediante una política de protección de datos que prioriza la privacidad y disociación de datos que impedirían identificar a imputados en casos de corrupción y otros infractores de la ley, cuando en la Constitución la regla en materia judicial es el carácter público de los juicios, salvo en casos o condiciones excepcionales y especificadas que pudieran comprometer el proceso en algún aspecto”, precisó Hernández Machado.
En materia económica, aunque reconoce que el desempeño ha sido destacado, tanto por un crecimiento que ronda el 5%, como por la estabilidad y control de la inflación, cuestionó el ritmo de endeudamiento público.
En cuanto a la institucionalidad, resalta la aprobación de la reforma constitucional que hace más difícil cualquier intento por mantenerse en la presidencia más allá de dos períodos.
Otro cambio positivo, de acuerdo a PC, fue excluir al procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la inclusión en este organismo del presidente del Tribunal Constitucional (TC).
Participación Ciudadana lamenta que el período del procurador general será de solo dos años, con posibilidad de ser confirmado por otro lapso similar, “lo que le resta independencia”. Tampoco comparte la decisión de unificar las elecciones en una misma fecha.
En materia electoral, los dos certámenes que realizaron en 2024, transcurrieron con relativa normalidad, destacándose la excelente labor de los órganos responsables de la organización de los procesos y de dirimir los conflictos, como la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), respectivamente, indica el informe.
Las impugnaciones fueron mucho menos que en ocasiones anteriores, pero la cultura clientelar y el alto costo de la política siguen siendo obstáculos para mayores avances. Lamenta el alto nivel de abstención.
PC espera que se continúe avanzando con transparencia y primacía del interés colectivo en la selección de varias posiciones en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y en la selección del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Con relación a la Cámara de Cuentas, Hernández Machado expresó la necesidad de cambiar la vieja práctica de distribuir sus miembros por fuerzas políticas o por sectores de interés, “lo cual ha hecho un terrible daño a ese importante organismo y lo ha sumido en la inacción”.
De igual forma, insistió en señalar que uno de los temas más preocupantes en el 2024, ha sido la lentitud en el conocimiento de los casos de corrupción pública por parte de los tribunales apoderados, al indicar que, tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo, se ven obstaculizados por estrategias dilatorias, aplazando por meses las audiencias por causas injustificables.
“En casos como el denominado Camaleón, sorprendió que a un imputado se le variara la prisión preventiva, a pesar de que en su vehículo se encontró una lista de jueces y auxiliares, en un claro propósito de incidir sobre los casos, poniendo en peligro las pruebas y la integridad de los miembros y auxiliares del Poder Judicial”, agregó. Participación Ciudadana reitera su compromiso para el 2025, de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, vigilando el uso de los recursos públicos y la aplicación de justicia en los casos de corrupción y, sobre todo, acompañando al pueblo dominicano en sus aspiraciones de una mejor vida y en el respeto de sus derechos.
En la rueda de prensa estuvieron presentes, además, Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de PC, así los titulares Leidy Blanco y Francisco (Pancho) Álvarez, entre otros.
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