En nuestro país, una niña de 13 años con parálisis cerebral fue violada y obligada a continuar con un embarazo que casi le cuesta la vida. Un hecho que nos llenó de impotencia, rabia y dolor, sentimientos que se intensifican al reconocer que, lamentablemente, no es un caso aislado: evidencia la poca voluntad para garantizar los derechos más básicos. La violencia sufrida por esta niña no terminó con la agresión sexual; se prolongó con cada decisión institucional que la desprotegió, la ignoró y la revictimizó.
Resulta indignante ver cómo algunos medios de comunicación han utilizado el término «presunta violación». ¿Presunta? Una niña de 13 años con parálisis cerebral no tiene capacidad alguna de consentimiento. Incluso si no estuviera limitada por su condición de salud, el artículo 396 de la Ley 136-03 es categórico: cualquier práctica sexual con una persona menor de edad donde el agresor le supere por 5 años está tipificada como abuso sexual, sin lugar a interpretaciones. Es evidente que quienes cubren estas informaciones desconocen o ignoran lo que implica la parálisis cerebral y la vulnerabilidad inherente a esta condición, además de pasar por alto las disposiciones legales que protegen a las niñas, niños y adolescentes. Con esta narrativa de «presunción» no solo revictimizan a la niña, sino que también continúan protegiendo a los agresores bajo un velo de duda injustificable.
Cuando la violencia sexual se encuentra con un sistema que prioriza dogmas por encima de la vida, las niñas se convierten en víctimas no solo de sus agresores, sino también de las instituciones que deberían defenderlas. Y es el reflejo una realidad dolorosa: vivimos en una sociedad que tolera la crueldad hacia sus niñas, que normaliza su sufrimiento y que las deja sin esperanza ni justicia.
¿Qué mensaje estamos enviando como sociedad cuando permitimos que esto ocurra? Que las niñas no tienen valor. Que la discapacidad es una condena al abandono. Que la violencia sexual es un destino ineludible para quienes nacen en desventaja.
La indignación no basta. Es necesario fortalecer los mecanismos de protección para garantizar que ningún caso similar vuelva a ocurrir. Implementar excepciones médicas inmediatas que protejan a las víctimas de embarazos forzados. Exigir responsabilidad a las autoridades que, con su indiferencia, contribuyen a perpetuar esta violencia. Promover cambios culturales profundos para erradicar la tolerancia hacia la violencia contra las niñas y mujeres.
Mientras continuemos mirando hacia el otro lado, nuestras niñas seguirán siendo víctimas de un ciclo de violencia que las despoja de su infancia, su dignidad y, en muchos casos, de su vida. Como sociedad tenemos una deuda pendiente con nuestras niñas y la obligación moral e histórica de protegerlas.
Es tiempo de romper el silencio. Es tiempo de actuar. Nuestras niñas no pueden seguir esperando.
Dedicado a cada niña y adolescente que ha enfrentado la violencia en soledad; a las que fueron silenciadas y a quienes les dimos la espalda; a las que resisten y sobreviven día a día; a las que ya no están porque el sistema les falló; y, especialmente, a todas las que hoy siguen luchando por ser escuchadas.
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