Dotar a las relaciones entre empleadores y asalariados de un nuevo marco legal, acorde con realidades y prioridades del presente convoca necesariamente a todas las partes a armonizar criterios a conveniencia no solo de esas partes: también para el país como un todo por su irremediable conexión con la marcha de la economía y la necesidad generar ingresos familiares estables y ascendentes, dinamizar procesos productivos y preservar la razonabilidad de costos que incentiven la inversión y la creación de más empleos de calidad. Por su rigidez inmovilizadora, el Código de Trabajo tiene congeladas en el tiempo conquistas que no deben desaparecer pero sí adquirir la funcionalidad favorable a objetivos desarrollistas en un país de desalentadores esquemas fiscales y de arbitraje entre el capital y el trabajo que hacen huir de la formalidad a la mayoría de las iniciativas que buscan rentabilidad, crean fuentes laborales y que globalmente constituyen el mayor número de patronos (¿¡oyeron bien!?).
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Lo que quiere decir que la inmensa mayoría de los dominicanos que vende sus desempeños y energías se está ganado la vida al servicio de empleadores para los que los códigos, incluyendo el que rige los contratos con empresas, el sistema de seguridad social y la obligatoriedad de indemnizar por despidos no existen ni hay quienes los hagan existir. El sindicalismo que dice luchar por la permanencia inmutable de las reglas del juego atinentes a la cesantía no están realmente a favor de la mayor fuerza laboral del país: la de una informalidad (57%) cuya ingreso a la institucionalidad seguiría sin estar garantizada. Porque sin un acuerdo entre los intereses de sectores empresariales y sindicales persistiría un estado de cosas que se reduce a propiciar una pírrica victoria a quienes abogan porque las indemnizaciones por desahucio continúen con su actual característica paralizante con desprecio a las adaptaciones a la realidad que augurarían beneficios extendidos para los trabajadores como componente social. Las posiciones contrarias a una reforma integral al trato que reciben los trabajadores resultan retardatarias y de aferramiento sin pragmatismo a un molde fuera de tiempo.
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