Estephany AntiguaEl asesinato en La Vega de dos mujeres, madre e hija, atribuido por la Policía a uno de sus propios agentes en fuga que había sido pareja y yerno de las víctimas es un hecho horrendo inseparable en sus causas y corresponsabilidad de la propia institución ya que en el historial de ley el evadido figura convicto de autor sistemático de violencia de género. Su potencialidad criminal, a buen resguardo cuartelariamente, debía delatar una perniciosa incapacidad depuradora -sin atención a incriminantes antecedentes- del cuerpo del orden que envía a sus miembros bien armado a velar por la “seguridad ciudadana” sin reacción preventiva alguna a sus perfiles de desenfreno. Lejos de ser un hecho aislado, en más de una ocasión del 2024 el Defensor del Pueblo fue enfático en denunciar violaciones a la vida imputadas a efectivos policiales corroboradas desde la propia sociedad que nunca fueron puestos en manos de la justicia ni el Ministerio Público (que en eso falla a la sociedad) reaccionó para hacerlo aunque está obligado a ello por simple rumor público.
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El Ministerio de Interior y Policía publicó como una victoria (digamos que pírrica) que en doce meses fueros sometidos a los tribunales 49 agentes sin especificar los cargos ni niveles de gravedad y mucho menos precisar si en los encausamientos figuró alguno de los 120 homicidios en el marco de los llamados intercambios de disparos con agentes que movieron, incluso a las iglesias, a llamar la atención de las autoridades hacia la ausencia de la pena de muerte en el país. Estos casos fueron registrados en el mismo año del insólito descubrimiento de que centenares de miles de proyectiles estuvieron clandestinamente a la venta (como si se tratara de un permanente mercado de la sombra) desde sedes policiales y nadie sabría desde cuándo un recurso letal había estado saliendo a la ilegalidad con vocación de matar a civiles y hasta a uniformados. ¿Qué sería peor? ¿La incontinencia al disparar o las debilidades institucionales que no la impiden?
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