Estephany AntiguaDos grises períodos precedieron al importante órgano constitucional de control externo de los recursos públicos que arriba a funciones con nuevos integrantes y reafirmaciones de compromiso de llenar cometidos bajo normas éticas y fiel cumplimiento del deber. Atrás queda una primera etapa de cuestionamientos a confusos resultados de auditorías, que fue seguida por una siguiente gestión que estuvo obstruida en sus roles por agudas desavenencias entre miembros. Está presidida ahora por la exrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, de reconocida hoja de servicio y primera mujer en llegar a esa investidura en la UASD. En la reanudación de su papel, tras años de escasos servicios al país, la Cámara de Cuentas se lanza a dar un primer ejemplo de transparencia, que consiste en contratar a una firma externa de investigación contable acreditada para que revise pormenorizadamente la forma en que fue administrada (2018-2022) la universidad del Estado, por la ahora presidenta de la entidad. Una forma apropiada de asumir el reto de recuperar la confianza de la sociedad que fue dejada esperando decenas de exámenes de manejo de fondos públicos dejados inconclusos por quienes estuvieron a cargo.
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Sea esta una Cámara de Cuentas apegada a los preceptos que le fija la Constitución y subordinada a la objetividad y profesionalidad al velar por bienes de la Nación. Las facultades orgánicamente asignadas a esta entidad de delicados fines, la obligan no solo a fiscalizar por rutina los bienes del Estado; debe específicamente tomar constancias de recaudaciones, inversiones, gastos y auscultar detalladamente la ejecución del Presupuesto General de Estado y, a decir verdad, su escalpelo nunca fue usado antes para penetrar exhaustivamente a lo que se hace con el Erario. Está obligada a -por iniciativa propia o percepción a distancia de manejos oscuros- a pedir cuentas sobre activos y pasivos. A investigar denuncias o sospechas de hechos ilícitos con el tesoro público. Aunque la ley se lo ordena, no se tiene conocimiento de que haya rendido informes al Congreso Nacional sobre la forma en que el Poder Ejecutivo se acoge o no anualmente a las pautas de manejo presupuestario.
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