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¡A la caza de traficantes! La dureza que ha faltado

Por ausencia de medidas eficientes que la contrarrestaran -y que ahora entrarían en vigor- por años ha crecido indetenible en el país la población migratoria irregular socialmente conflictiva y preocupante, porque gravita con presiones de costos sobre servicios públicos esenciales que apenas cubren la demanda de los nacionales. Un mal con el riesgo adicional del desorden criminal que al otro lado de la frontera erosiona severamente el principio de autoridad, con tendencia a buscar vasos comunicantes. Hacia acá ha dado presencia sin control a los asentamientos de extranjeros, la proliferación de una criminalidad de traficantes de viajeros. Los sistemas de control de ingresos han estado socavados, como ha admitido finalmente el Ministerio Público al comprometerse públicamente a conferir prioridad a las investigaciones y persecución a las estructuras de repoblación foránea, con la mira puesta en funcionarios civiles, militares y policiales que hayan estado contribuyendo o participando como principales protagonistas a una penetración que lesiona la soberanía nacional; comportamientos antidominicanos que merecerían penas infamantes y agravadas.

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Se trata de delitos que a partir de ahora pasan a la agenda crítica de una unidad especializada con poderes para, con base a compromisos suscritos por el país mediante convenciones internacionales, despojar de bienes muebles e inmuebles y otros activos a quienes resulten incriminados por delitos comprometedores para la República, por estar dirigidos a violar los límites del territorio nacional desde el exterior con consecuencias cada vez más quebrantadoras de la convivencia y del ordenamiento jurídico. En otras palabras: las confabulaciones que han estado convirtiendo la inmigración ilegal en un problema mayor de disociación y orden público y que expone al país a relaciones conflictivas y de peligro para la paz con un Estado vecino que ya se manifiestan con hostilidades diplomáticas, deben considerarse comprometedoras para la Seguridad Nacional. Si para perseguir tal agresión al país, con sanciones extraordinarias que sirvan para detener una escalada de perjuicios al interés nacional es necesario endurecer algún tratamiento punitivo, debe legislarse prontamente en ese sentido, abordando el problema con la urgencia que incluso propone el expresidente Leonel Fernández.

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