Estephany Antigua
El Gobierno Central ejecutó entre enero y septiembre del presente año 3,125 millones de pesos del presupuesto vigente para alquileres y rentas de edificaciones y locales, según datos de Hacienda. Esto incluye los tres poderes del Estado y los órganos extrapoder.
Sólo en 1,215 contratos de hasta 30 años, gastó al menos 1,638.8 millones entre septiembre de 2023 y octubre de 2024 en arrendamientos privados para la operación de sus agencias, una cifra que se basa en documentos entregados por la Contraloría General de la República a Diario Libre, los cuales incluyen solo al Ejecutivo.
Según los datos obtenidos por este medio, en 673 casos se trató de la renovación de contratos preexistentes, 223 fueron adendas y los 319 restantes son acuerdos nuevos.
En casi todos, el precio del contrato del inmueble se fija en dólares, pero las entidades públicas deben pagar su equivalente en pesos. Así, las instituciones contratantes pagaron en todo el período citado al menos 1,638.8 millones de pesos por concepto de mensualidades, según los cálculos basados en los documentos entregados a Diario Libre.
Este monto es superior a los presupuestos vigentes de los ministerios de la Juventud y de la Mujer, de la Cámara de Cuentas, del Tribunal Superior Electoral, del Defensor del Pueblo y de la Oficina Nacional de Defensa Pública.
Esta realidad reafirma la preferencia del Estado de gastar fondos públicos en edificaciones privadas en vez de construir y ser dueño de los cientos de edificios, naves industriales y locales comerciales que requiere para sus operaciones.
En términos globales, el Presupuesto General del Estado del 2024 contempla un gasto universal de 4,822.8 millones de pesos para “alquileres y rentas de edificaciones y locales”.
Ejemplos concretos
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En el país se ha debatido extensamente que la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) alquiló la Torre Vista 311 por 10.7 millones de pesos mensuales, pero los ejemplos son variados.
Entre los acuerdos se incluye la renovación del reconocido contrato para el edificio que aloja al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con el Banco de Reservas, por 31 millones de dólares, a pagar en 19 años. Sólo por este arrendamiento, se hicieron siete pagos de 18.1 millones de pesos durante el último año.
Muchas otras entidades han preferido rentar un edificio para su centro principal de operación.
Está el caso de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), que paga 2.9 millones de pesos cada mes por un edificio en la avenida Los Próceres; el de la Tesorería de la Seguridad Social, que eroga 1.7 millones por otra estructura en Naco; y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que realizó siete pagos de 4.3 millones por sus instalaciones en la avenida Abraham Lincoln en los últimos 12 meses.
El propio presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, expresó su sorpresa de una manera muy particular sobre lo agraciado que ha sido el propietario del edificio, teniendo a la entidad como inquilina.
“Pienso que el dueño del edificio del Indotel debe tener un pacto con el Diablo, porque él tiene 24 años con 100,000 dólares de alquiler, más los parqueos (40,000 dólares)… Con eso se hubiese comprado un edificio hace rato”, manifestó el funcionario la semana pasada.
De su lado, el Ministerio de la Mujer paga 1.4 millones de pesos mensuales por un local para la Escuela de Igualdad de Género, la Comisión para el Desarrollo Barrial se comprometió con 1.1 millones cada mes para su casa matriz, la Oficina Nacional de Derecho de Autor paga un millón por su oficina principal y la Contraloría General de la República 1.4 millones por tres pisos en Gazcue.
El Ministerio de la Vivienda eroga 652,000 pesos por un parqueo para sus empleados y la Dirección General de Cine rentó dos inmuebles para instalar allí su sede por 744,000 pesos cada mes.
Renta de almacenes
Los arriendos más caros que pagó el Estado entre septiembre de 2023 a octubre de 2024 se destinan a almacenes para mercancías y oficinas comerciales.
El Plan de Asistencia Social de la Presidencia rentó naves industriales en cinco ocasiones pagando alquiler de 4.3 millones de pesos mensuales en tres de ellas, 1.2 millones por la cuarta y 1.1 millones por la quinta. Su objetivo es “el almacenamiento de mercancías entregadas por oferentes para ser donadas a familias de escasos recursos”.
Esta institución, identificada por la Contraloría por su nombre antiguo de “Plan Presidencial contra la Pobreza”, rubricó en total 18 contratos que significaron un presupuesto en rentas de 103.3 millones de pesos.
Le sigue el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), con una mensualidad de 3.4 millones de pesos por un almacén de 5,680 metros cuadrados ubicado en Pedro Brand, en un contrato por 83.5 millones de pesos.
La Oficina de Cooperación Internacional licitó dos naves industriales por más de 34 millones de pesos cada una y rentas de 1.4 millones de pesos, y el Ministerio de Interior y Policía ocupó un local en la avenida Ortega y Gasset para “almacén de activos fijos” por 13.7 millones y una mensualidad de 1.1 millones.
Hasta RD$4 millones mensuales
La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) paga una renta mensual de 4 millones de pesos por su oficina comercial en la avenida Rómulo Betancourt. El acuerdo contempla un pago de 243.5 millones en cinco años.
También acordó desembolsar 2 millones de pesos por un espacio de 273 metros cuadrados para instalar un “punto expreso” de servicio en el kilómetro 28 de la Autopista Duarte.
En el portal web del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas se pueden encontrar al menos 18 procesos de licitación de locales para instalar oficinas comerciales de Edesur entre 2023 y 2024.
Algunos contratos, como el de las oficinas comerciales que tiene Edesur en la plaza Galería 360, llegan hasta los 25 millones de pesos. Se trató de una renovación por cuatro años adicionales, con mensualidades de 529,000 pesos.
Esta empresa pública también adquirió el permiso para instalar una torre y colocar una antena en la azotea de la plaza Occidental Mall, en Santo Domingo Oeste, durante tres años, a un costo de 4.4 millones de pesos, lo que representa un pago mensual de más de 135,000 pesos.
La Contraloría también reportó a Diario Libre que el Ministerio de la Juventud hizo una “adenda al contrato de alquiler de locales comerciales” por 11.4 millones de pesos a la empresa Aeromar Express, sin especificar detalles. Esta transacción no se encuentra en el Portal de Compras y Contrataciones.
El Ministerio de la Juventud también paga una mensualidad de 185,000 pesos por cuatro inmuebles que alojan las denominadas “Casas de la juventud” en Barahona, Azua, San Francisco de Macorís y San José de Ocoa.
El Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) rentó por 30 años el Hotel Guarocuya, en Barahona, por 50 millones de pesos, para convertirlo en un centro de capacitación.
¿Rentar o no rentar?
La lógica detrás de las críticas a estos arrendamientos es que el gasto en alquiler podría dedicarse a financiar la construcción o compra de inmuebles propios, una idea con la que no está de acuerdo el economista Jaime Aristy Escuder.
En un reciente artículo, analizó el caso de la Ogtic y su transacción con la Torre Vista 311. Comparó los 1,207.7 millones de pesos que gastará el Estado en alquiler durante 10 años, con los 1,934.7 millones que tendría que pagar en ese mismo período por un préstamo para la construcción. Concluyó que con la operación se logra un ahorro de 727 millones de pesos.
Por esto, aseguró que “ese ahorro de flujo de efectivo generado por la opción de alquilar permitiría al Gobierno invertir más en actividades que fortalezcan el capital humano y físico de la nación, impulsando el crecimiento económico potencial”. En su análisis es partidario de que “el Estado no ha de ser un propietario de bienes inmuebles, a menos que sean edificios emblemáticos, como el Palacio Nacional, o que requieran una seguridad especial, como el Banco Central”.
El economista y exgobernador del Banco Central, Guillermo Caram, discrepa. Considera que instalar oficinas estatales en edificaciones privadas debilita el respeto a la investidura del Estado. “Consolida la imagen de un Estado carente de solemnidad, subordinado a instancias de la sociedad que debe subordinar”.
“Proyecta la imagen de un Estado inquilino, en lugar de un Estado gobernante, cuya función esencial y principal es velar por el interés general de sus gobernados. En su opinión, la tendencia incrementa el gasto público y contribuye el déficit fiscal”.
En su última rueda de prensa de cada lunes, se le cuestionó al presidente Luis Abinader sobre los alquileres del Estado, pero prefirió remitirse a la respuesta dada por Bartolomé Pujals, director de la Ogtic. El funcionario había alegado que el acuerdo fue firmado por su antecesor, durante la misma gestión gubernamental, pero lo defendió debido a que el edificio pertenece al Banco de Reservas y “parte de sus utilidades vuelven al Estado”.
El doctor en Derecho Administrativo, Rafael Dickson, estima que alquilar puede ser una buena alternativa si se negocia bien la operación y se consigue el precio justo. “En términos financieros es probable, si se estructura bien una operación de esa naturaleza, que le pueda convenir al Estado en términos de flujo, principalmente porque se traspasa el riesgo de mantenimiento y de operación para que un determinado bien inmueble tenga las condiciones necesarias para los usos del Estado”, razona. Propone como una alternativa las alianzas público privadas, en las que el capital privado hace la inversión y el Estado paga el arrendamiento por períodos de 20 a 40 años. Al final de este tiempo el inmueble pasa a propiedad pública. Indica que la República Dominicana tiene la debilidad de que estas actividades están dispersas. “En muchos otros países, todo ese esquema de regulación de propiedades de alquiler está orientado en una institución, que por lo general es la dirección de patrimonio del Estado, y es la que gestiona y determina la necesidad de las instituciones que requieren un lugar para operar”, sostiene. En cuanto al problema de que el Estado consiga el mejor precio, explica que se hace necesaria la evaluación razonable de las ofertas. Respecto al uso del dólar, defiende que aquí existe la libre convertibilidad, por lo que las personas pueden pactar en cualquier moneda, y que el dólar mitiga el riesgo a la devaluación del peso. “Lo lógico en un contrato de esa naturaleza, de largo plazo, es que haya disposiciones contractuales que limiten ese riesgo”, remata.