Cerca de la medianoche de este lunes, el Ministerio Público depositó la medida de coerción contra los implicados en la Operación Pandora, supuesta «red criminal» que involucra al menos nueve oficiales de la Policía Nacional, acusados de sustraer casi un millón de proyectiles de la institución.
La acción, según el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, «Es un caso extremadamente grave, ocurrido dentro de la Policía Nacional, y que pone en riesgo la seguridad nacional de la República Dominicana».
Por esta y otras motivaciones, el órgano persecutor del crimen busca que se declare el proceso como complejo y se dicte prisión preventiva contra los 10 implicados en el presunto entramado, mediante el aporte de 135 medios de prueba.
Camacho recordó que este “es el tercer caso que se inicia contra miembros del sistema de justicia”, lo que a su juicio representa un desafío para garantizar la transparencia en este renglón.
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Con respecto a la posibilidad de nuevos imputados, Camacho indicó que la investigación continúa en curso y que, conforme avance, podrían sumarse otros hechos y personas implicadas. «Los proyectiles sustraídos de la Intendencia de Armas eran vendidos, y estamos rastreando todos los lugares a los que hayan sido distribuidos. Este es uno de los aspectos clave que desarrollaremos durante la investigación», concluyó.
Sobre el caso Pandora
La Operación Pandora, que llevó a la detención de los imputados, fue ejecutada en octubre, luego de una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional. En ella participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), y más de 40 fiscales, quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Imputados
Entre los imputados en el caso se encuentran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien alteró los resultados de una auditoría realizada en febrero; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio y la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L, vinculada a este último, entre otros.
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