El privilegio que permite a los legisladores dominicanos importar vehículos sin pagar impuestos sigue permitiendo que estos traigan unidades a su conveniencia o vendan dicho beneficio a terceros. Así entraron al país 499 vehículos solo en los últimos cuatro años, de los cuales más de 170 corresponden a modelos de lujo y deportivos, de marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche y Rolls-Royce.
Fueron 2,140 millones de pesos los que dejó de recaudar el Estado en impuestos por la importación de esos 499 vehículos, hecha a nombre de senadores y diputados, entre el 2020 y julio del 2024, según datos suministrados por la Dirección General de Aduanas a petición de Diario Libre. El 73 % del total era nuevo.
Entre las importaciones se destacan 68 Porsche, 51 Ferrari, 35 Lamborghini, nueve Rolls-Royce, ocho McLaren y tres Aston Martin. Diario Libre no ha visto vehículos de estas gamas estacionados en el Congreso Nacional.
Este privilegio legislativo continúa representando un sacrificio fiscal considerable para el Estado, mientras las propuestas para modificarlo o eliminarlo no prosperan. Además, se arraiga la práctica de que diputados y senadores vendan dichas exoneraciones.
“Eso es lo más penoso: que muchas personas se dedican a venderlas”, reconoce el diputado Rafael Castillo, vocero del partido Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja.
Explica que en el 2023 fue a una agencia de vehículos donde dejó la exoneración que le correspondía. “Me la recibieron por el valor de la exoneración, y entonces pagué la diferencia de comprar el vehículo, porque ya el vehículo estaba en el país, pues no iba a hacer el proceso de traerlo”.
En la base de datos compartida a este periódico, se consigna que, a nombre de Castillo, se importó en ese año una yipeta Mercedes Benz del 2021, usada, por la que se dejaron de pagar 4.3 millones de pesos por la exoneración de impuestos.
A nombre de Castillo también aparece otra importación en el 2020 de un carro deportivo usado: un McLaren del 2018, por el que el fisco dejó de percibir 6.4 millones de pesos.
El origen de un viejo privilegio
Los 190 diputados (que se reducirán a 170 a partir del año 2032), los 32 senadores y los 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano, además de recibir gastos de representación, viáticos, dieta y otros beneficios extrasalariales, están respaldados con un privilegio vehicular que data desde el 1966, mediante una ley posteriormente modificada.
La ley vigente al respecto (la 57-96) suprime los topes del valor del vehículo que pueden traer los legisladores, que fijaban leyes anteriores. Establece que la investidura de estos funcionarios, representantes del primer poder del Estado, “conlleva una alta representatividad a la par con los países amigos”.
Ante esto, consigna que cada legislador puede importar libre de impuestos un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, marca, modelo, año y cilindraje. La unidad estará exenta de todo tipo de gravámenes e impuestos, recargos, multas y cualquier restricción o prohibición existente. Dicho vehículo sólo puede transferirse después de dos años de haberse importado.
Para liberar un vehículo importado, se debe pagar un impuesto aduanal del 20 % de su valor más el 18 % del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis). Ambos tributos se les exoneran a los legisladores.
Cuando Diario Libre dio seguimiento en el 2021 a estas exoneraciones, la Dirección General de Aduanas reportó en ese entonces a este medio que, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 12 de septiembre de 2021, se trajeron a la República Dominicana 1,148 vehículos a nombre de legisladores. Estas unidades representaron un sacrificio fiscal para el Estado de 2,649.8 millones de pesos.
Difícil de eliminar
Pese a múltiples intentos de limitar o eliminar las exoneraciones, ninguna propuesta ha prosperado.
El diputado Castillo entiende que las exoneraciones deben sustituirse por un bono que permita la compra de un solo vehículo para los cuatro años de función legislativa. Otros funcionarios han ido más allá y tratado de suprimirlas a nivel legal, pero sin éxito.
En el 2020, el entonces senador Julio César Valentín presentó un proyecto de ley para que se eliminen totalmente. En ese mismo año, su par Tommy Galán depositó otra iniciativa para establecer un límite máximo de 70,000 dólares al precio en la fábrica del vehículo exonerado.
En el 2023, el entonces diputado José Benedicto Hernández propuso reducir la exoneración a un vehículo, cuyo precio de fábrica no supere los 150,000 dólares. El excedente a partir de este monto tendría que pagar todas las cargas impositivas vigentes.
El más reciente intento fallido por retirar este privilegio venía en el paquete de reforma fiscal que sometió en octubre pasado el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y que posteriormente retiró tras la oleada de rechazo que generaron las medidas contempladas.
Bajo el nombre de Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, en su artículo 69, la iniciativa procuraba derogar la ley del 1966, con la que se inició la autorización para que cada legislador pueda disfrutar de la exoneración, en un intento del gobierno de aumentar las recaudaciones para superar el déficit presupuestario.
Pero el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defiende la existencia de las exoneraciones, las que no considera un privilegio. “Lo que recibimos es una exoneración que no da ni siquiera para el inicial de un vehículo”, asegura.
Sin embargo, indica que el Congreso Nacional estaría en la disposición de analizarlas si se hacen estudios que determinen la factibilidad de sus beneficios porque, según asegura, los vehículos se usan para el transporte hacia las provincias que representan los legisladores.
En la base de datos entregada a Diario Libre, aparece un Ferrari importado nuevo en el 2023, a nombre de De los Santos, por el que se dejaron de pagar 10.1 millones de pesos, y una yipeta Lexus nueva, en el 2020, que significó un sacrifico fiscal de 2.1 millones de pesos.
El vocero del oficialista Partido Revolucionario Moderno en la Cámara Baja, Amado Díaz, estaría de acuerdo con que se eliminen si otros sectores, como el empresariado o el hotelero, también se desprenden de sus exenciones. A su nombre se importó un Ferrari nuevo, del 2023, exonerado por 12 millones de pesos.
Díaz se queja de que los legisladores son “el único grupo que es criticado”, cuando otros sectores han recibido exenciones fiscales por años “sin ningún señalamiento”.
