Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, su ministro de Defensa durante casi toda la guerra de Gaza, se han convertido este jueves en los primeros dirigentes de un país democrático apoyado por Occidente con órdenes de arresto por el Tribunal Penal Internacional (TPI). La decisión, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza desde octubre de 2023, los coloca en la misma liga que el presidente ruso, Vladímir Putin, y los altos cargos que planificaron la invasión de Ucrania; de mandos de una milicia libia por un caso que implica fosas comunes con cientos de cadáveres; de dictadores como el sudanés Omar al Bashir o de un señor de la guerra tan cruel como el ugandés Joseph Kony. Todo un golpe simbólico a la imagen del país, que tiene además una causa abierta por presunto genocidio en el Tribunal de La Haya y ha visto cómo era declarada ilegal su ocupación y colonización de Cisjordania y Jerusalén Este desde hace décadas. Ahora, la doble petición de arresto del TPI plantea un dilema individual a varios de los 125 Estados miembros: priorizar el respeto a la decisión (están técnicamente obligados, pero depende de su voluntad, porque no hay autoridad para imponerlo) o su alianza con Israel, con el consiguiente riesgo de ser acusados de doble rasero.
La orden de arresto sitúa a Netanyahu en la órbita de los líderes denostados
