“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”.
Así debería ser el país dentro de cinco años, es decir, en 2030. Esta visión fue planteada en la primera Ley Orgánica del año 2012, con la promulgación de la Ley 1-12 que propuso la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). La estrategia contempla ejes que, de llevarse a cabo conforme a lo diseñado, transformarían al país.
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Los planes estratégicos son las guías mediante las cuales se conducen las instituciones. De no existir, avanzaríamos sin rumbo y sin obtener resultados medibles.
El concepto de planificación estratégica tiene su origen en las guerras, donde se planeaba la conquista de territorios. Sin embargo, en la década de 1990, desde la Universidad de Boston y las empresas privadas se adoptó este enfoque trascendiendo a las instituciones públicas. Incluso las pequeñas empresas comenzaron a trabajar con planes que incluyen objetivos a corto, mediano y largo plazo.
De los planes generales se derivan ejes específicos, como los contemplados en la Ley 1-12, que define cuatro ejes fundamentales. Sin embargo, la falta de institucionalidad ha impedido que se avance significativamente en ellos:
- Estado social y democrático de derecho.
- Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades.
- Economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada y plural.
- Sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos, protege el medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.
Para construir esta visión de país se consultaron instituciones públicas y privadas en una especie de lluvia de ideas que proporcionaron a los planificadores los insumos necesarios para proyectar el país que queremos hacia 2030. Todo esto está vinculado con la Agenda Global para el Desarrollo Sostenible, cuya implementación ha enfrentado tropiezos en América Latina y el Caribe.
El Estado social y democrático de derecho, tal como está definido en la Constitución, debe fundamentarse en los principios de legalidad (tema tratado en entregas anteriores), la separación de poderes, la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva, la transparencia y la jerarquía de las leyes.
Si no nos apegamos a estos principios, que también están desglosados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, estaremos lejos de construir el Estado ideal que todos los buenos dominicanos sueñan, inspirados en el pensamiento de nuestros padres fundadores.
Hay un dicho: “Cuando las barbas de tu vecino veas arder, pon las tuyas en remojo”. Y para muestra, basta observar a nuestro vecino país. Fue la primera potencia en liberarse de la esclavitud, pero, a pesar de ello, no ha logrado articular un Estado funcional y hoy es ejemplo de un Estado fallido.
Si no queremos ser degradados, debemos redoblar los esfuerzos para fortalecer las instituciones que conforman el Estado. Es la única y mejor manera de hacer realidad el país que queremos, donde nuestros hijos y nietos puedan desarrollarse en libertad y en un marco de equidad e igualdad de oportunidades.” trabajemos por y para la patria”.
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