El ministro de Educación, Ángel Hernández, se refirió este lunes al caso de agresión sexual que involucra a dos profesores y una estudiante de 13 años en un centro educativo de San Pedro de Macorís, asegurando que el asunto “ya pasó” y que está en manos de la justicia.
Al ser abordado por periodistas sobre el caso, que ha causado gran consternación en el país, Hernández declaró: “Ya eso pasó, ya eso es un tema que la justicia lo tiene en las manos”. Sin embargo, calificó el hecho como “lamentable”, aunque insistió en que no debe considerarse un reflejo de todo el gremio docente.
Defiende a los docentes
El ministro, en su intervención, dejó en claro que no cree que el caso sea motivo para generalizar sobre los docentes. “Son casos lamentables, pero no podemos juzgar a toda la clase magisterial por un hecho aislado. Yo no digo que sea el único caso, hay más casos, pero en el sistema educativo hay 130,000 docentes. Que alguien cometa un error no es justificable, pero no es la realidad”, afirmó Hernández.
Además, reiteró su apoyo a la comunidad educativa, señalando que los docentes, en general, son “buenas personas” comprometidas con la educación, y que el comportamiento de algunos no representa a todos.
Detalles del caso
El caso ha conmocionado a diversos sectores de la sociedad, sobre todo después de que la menor presuntamente relatara a las autoridades cómo los acusados, Fernando Altagracia Peña Eusebio y Alejandro Roberto Bello Matos, la amenazaban para que no denunciara los abusos.
Según la investigación del Ministerio Público, los profesores cometieron los abusos en hechos separados, tanto en el centro educativo como en una iglesia cristiana.
Bello Matos, quien se encuentra prófugo, es primo de Peña Eusebio, quien ya se entregó a las autoridades. La menor, a quien se le preserva su identidad por razones de seguridad, afirmó que el maestro de Matemáticas, Alejandro Roberto Bello Matos, la esperaba en la iglesia temprano en la mañana para llevar a cabo los abusos.
El Ministerio Público aseguró que existen pruebas suficientes para sostener razonablemente que los docentes cometieron los abusos, y solicitó prisión preventiva como medida de coerción. Los acusados enfrentan cargos por violación de los artículos 330, 331 y 333-2 del Código Penal Dominicano.
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