La declaración de la ley marcial por parte del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, para proteger el «orden constitucional» de lo que considera actividades «anti-estatales», y de las que acusa al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático (PD) tiene tres precedentes en este país en los últimos cincuenta años.
Tras dar un golpe militar en 1961, Park Chung-hee fue elegido presidente en 1963 y reelegido en 1971.
Bajo su mandato, Corea del Sur experimentó un crecimiento económico sin precedentes, el llamado «Milagro del río Han», lo que impulsó su popularidad hasta principios de los setenta, cuando esta empezó a decaer y decidió declarar en 1972 la ley marcial y aprobar una nueva constitución autoritaria que estaría vigente hasta poco después de su asesinato en 1979.
En mayo de 1980, el entonces presidente surcoreano Chun Doo-hwan ordenó la ley marcial y los militares detuvieron a los principales líderes políticos de la oposición, se cerraron las universidades, se prohibieron actividades políticas y se restringió la prensa.
Aquella imposición trajo el denominado levantamiento en la ciudad de Gwangju, a unos 330 kilómetros al sur de Seúl, donde se estima que el ejército mató a unos 600 civiles.
El 30 de noviembre de 2020, un tribunal de Corea del Sur declaró culpable a Chun Doo-hwan de difamar a un testigo ya fallecido en relación con la masacre que el ejército perpetró en la ciudad de Gwangju en 1980 cuando era jefe de Estado.
El tribunal de distrito de Gwangju había respaldado el testimonio del testigo, un sacerdote que afirmó en unas memorias publicadas en 2017 que helicópteros dispararon contra civiles durante aquella acción, y condenó a Chun, que tenía 89 años, a ocho meses de prisión, suspendida por dos años.
El exdictador, una de las figuras más polémicas de la política surcoreana, nunca admitió ninguna responsabilidad ni pidió perdón por la masacre.
Más recientemente, en el verano de 2018, el general Lee Suk-koo, intentó imponer la ley marcial a través de un plan propuesto por la inteligencia militar para acabar con las protestas contra la expresidenta Park Geun-Hye en 2017, quien estaba acusada de corrupción y que contemplaba el arresto de parlamentarios o la censura de medios.
Sin embargo, poco después, el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in, destituyó al mencionado general y ordenó refundar este organismo.
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