En un país de legiones de asalariados que por la informalidad permanecen sin protección a sus estatus hasta un 56% de la mano de obra existente, el respeto a sus derechos es una quimera para demasiado gente. Diversas gestiones patronales, incluyendo las pequeñas y medianas que más plazas generan, prefieren, como única ley, la de la selva del sálvese quien pueda. Y todo porque en este país algunas regulaciones sustantivas y adjetivas sobre los ciudadanos están fuera de época con efectos desproporcionados que permiten enriquecerse inescrupulosamente y que el pez grande se coma al chiquito haciendo que muchos individuos tengan que vender su fuerza de trabajo en situación de inferioridad frente al capital que no por eso deja de ser imprescindible para la generación de ingresos a ser compartidos justicieramente con quienes ponen a su servicio. El Código Laboral vigente es una retranca para ambos; y ambos deben ponerse de acuerdo para que ninguno esté montado sobre el otro ni desprotegido legalmente.
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Los trabajadores, a través de quienes hablan a su nombre sin haber contribuido a que la sindicalización atraiga masivamente al proletariado para legitimar más su representatividad, deben reanudar conversaciones con el liderazgo de los empleadores a los fines de conciliar posiciones cediendo un poco cada parte para una partición razonable de los beneficios del trabajo. Cabe reconocer que el sector laboral tiene motivos valederos para preferir que la cesantía conserve su integridad vigente aunque con un reparo: fue instituida en tiempos en que no existía un régimen de pensiones alimentadas con aportes de mutua conveniencia ni regían con efectividad los pactos colectivos de condiciones de trabajo que ahora armonizan las relaciones obrero-patronales con peso de ley ni se había llenado el vacío de coberturas de salud aceptables como las actuales. En este marco es factible superar contradicciones mediante una transacción que asigne el mismo valor a los argumentos de una y otra parte hasta convenir montos indemnizadores por despidos que no reduzcan incentivos a la creación de empleos y detengan el crecimiento arrollador del sector informal.
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