«Por ser no conforme a la Constitución» el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que dispone la anulación de la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), 1-24.
La resolución TC/0767/24 de fecha 6 de diciembre de 2024 establece que la pieza violenta directamente el articulo 112 de la Carta Magna que establece el procedimiento legislativo para la aprobación de las leyes orgánicas.
La Alta Corte mediante sentencia acogió la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en contra del compendio de reglas.
El tribunal consideró que la ley 1-24 debió ser aprobada conforme al procedimiento establecido por la Constitución para las leyes orgánicas, tomando en cuenta de que esa ley regula aspectos de la seguridad nacional y defensa del Estado, una de las áreas que, conforme a la Carta Sustantiva, requiere regulación mediante esta categoría de leyes.
«Para que una ley sea considerada como orgánica no solo debe versar sobre una de las materias señaladas por el artículo 112 de la Constitución y contar con los votos de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes en cada una de las cámaras legislativas, sino que, en adición, la pieza legislativa debe consignar expresamente en su nombre y, muy especialmente, en las convocatorias que se realizan para su trámite legislativo que se trata de una ley con carácter orgánico, lo que no ocurrió con la Ley 1-24 que no establecía en su título que se trataba de una ley de ese tipo, ni en las actas del congreso ni en las convocatorias se consignó tal naturaleza» explicó el órgano mediante la disposición .
La alta corte falló de esa manera al acoger la acción directa de inconstitucionalidad, presentada en fecha 18 de marzo, de 2024 por la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Ataques
La Ley que despertó el rechazo de la mayoría de los sectores de la sociedad, se creó a principios de este 2024, siendo su talón de Aquiles, la obligatoriedad de «delatar una fuente» mediante la orden de un juez a la sazón de que la información atente o no en contra de la seguridad nacional.
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