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Los nuevos giros de los acontecimientos llenaron de indignación a los abogados de la Patterson y Muguiendo. Conocían la actitud tomada por los Estados Unidos en anteriores conflictos territoriales en los que estaban envueltos ciudadanos norteamericanos, como en los casos del Perú, en 1852; Venezuela, en 1854, y con Haití, en 1857. Los empresarios de la Patterson y Murguiendo, luego de conocer esos conflictos, era natural que esperaran del gobierno estadounidense, si no respeto por supuestos derechos sobre Alto Velo, por lo menos que el Departamento de Estado exigiera al gobierno dominicano el pago de una compensación por los gastos de la compañía.
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“Resultaba muy claro –explica Callan Tansill-, a todo observador avisado de ese período que, sobre la base de estos dos precedentes (los casos de presiones hechas por Estados Unidos a Perú, Venezuela y Haití), el secretario (William) Seward podía adoptar una política muy firme hacia el Gobierno dominicano y exigir que o se respetaran los derechos de Patterson y Murguiendo o que se pagara una sustancial indemnización por los perjuicios sufridos por ellos. En caso de que el Gobierno dominicano titubeara sobre el pago de una sustancial indemnización, entonces podía apoderarse de la bahía de Samaná en represalia. Esto pondría punto final a las largas y fútiles negociaciones que había estado sosteniendo con el Gobierno dominicano para el arrendamiento de la bahía, y podría apelar al Congreso para una apropiación con que satisfacer las reclamaciones de Patterson y Murguiendo”.
Entre las numerosas fórmulas llevadas a cabo por los abogados de la compañía de Baltimore con el propósito de que el presidente Andrew Johnson atendiera sus reclamaciones, estuvo la de que algunos militares de alto nivel, como los generales Benjamín Butler, ex gobernador de Massachusetts, John A. Logan, y James A. Garfield, quien luego fuera el vigésimo presidente de los Estados Unidos, asesinado en julio de 1881, entre otros; y congresistas norteamericanos, enviaran cartas al presidente de la República en las que se solicitaba justa decisión sobre el caso Alto Velo.
Todo el movimiento de las reclamaciones coincidió con el enjuiciamiento de que fue objeto el presidente Johnson, al remover en su cargo al secretario de Guerra, Edwin M. Staton, quien junto al general Ulises Grant y otros miembros del gabinete mostraban hostilidad hacia su mandato. Había violado una medida legislativa del 2 de marzo de 1867, que prohibía al presidente de la República separar de su cargo, sin consentimiento del Senado, a los funcionarios nombrados a través de la consulta y la aprobación del organismo legislativo.
Como resultado de la actitud del presidente Johnson, entre los meses de febrero y marzo de 1868, el Congreso trató de destituirlo. Al parecer, las acusaciones no estaban lo suficientemente fundamentadas, porque finalmente el presidente resultó absuelto.
Andrew Johnson seguiría en la presidencia de los Estados Unidos, por lo menos un año más, hasta marzo de 1869, cuando Ulysses Simpson Grant pasó a gobernar el país.
Aunque la Patterson y Muguiendo recibió con cálido entusiasmo el nuevo gobierno, apenas dos meses después se enfrentaría a la dura realidad de los intereses encontrados: el primero de mayo de 1870, el nuevo secretario de Estado, Hamilton Fish, a nombre del Departamento de Estado, le comunicaba que “no existía razón suficiente para la reconsideración de las conclusiones determinadas hasta el momento, con lo cual se ponía punto final a un conflicto de 10 años (1860-70) entre ciudadanos de los Estados Unidos y el gobierno dominicano.
Los norteamericanos, más que sobre una pequeña isla adyacente dominicana, como Alto Velo, dirigían sus miras hacia la codiciada y estratégica bahía de Samaná.
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