Mejorar el acceso a la salud y reducir el gasto de bolsillo requiere una mayor inversión pública, advirtió el doctor Fulgencio Severino. Se refiere a los 18 ejes de trabajo planteados por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton.
Se debe hacer sustitución del Plan de Servicios de Salud (PDSS), por el Plan Básico de Salud y una redistribución equitativa de los recursos que actualmente controlan las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
«Si Ceara Hatton desea realmente abordar las principales quejas del sistema, debe enfocar sus esfuerzos en estas áreas prioritarias. Solo así se podrá garantizar el derecho universal a la salud”, expresó.
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Una prioridad nacional
Para disminuir el gasto de bolsillo, el Gobierno debe duplicar la inversión pública en salud, fortalecer la atención en los hospitales públicos, garantizar el acceso a medicamentos y reducir la alta proporción de recursos económicos que manejan las ARS, al gestionar el Seguro Familiar de Salud, dijo el facultativo.
Falta de acceso
Manifestó que el principal problema que enfrentan los pacientes del régimen subsidiado, es la falta de acceso a medicamentos. “A más de 5.5 millones de afiliados no se les destina ni un centavo para este propósito, lo que constituye una violación flagrante de la ley. Esta población, que representa más del 50% del país y está compuesta por los ciudadanos más pobres, es la que gasta gran parte de sus escasos ingresos a comprar medicamentos y a realizarse procedimientos diagnósticos o terapéuticos que los hospitales públicos no pueden ofrecer”.
Gobierno responsable
Aseguró que t Gobierno es el principal responsable del alto gasto de bolsillo de esta población. Tanto el presidente, los ministros como el Seguro Nacional de Salud (Senasa), tienen la responsabilidad directa en este problema que afecta a nuestro país.
Complica la salud
Es enfático en señalar que, el gasto de bolsillo de esas personas no solo las empobrece aún más, sino, que, también las expone a mayores complicaciones de salud y a tasas de mortalidad.
Puso como ejemplo el tratamiento de insuficiencia cardíaca, que dijo cuesta más de RD$10,000 mensuales y que muchas pacientes no pueden costearlo, lo que provoca hospitalizaciones frecuentes y muertes prematuras.
Responsabilidad
Entiende que es responsabilidad del Gobierno garantizar que la población tenga acceso a medicamentos y servicios médicos de calidad. “Esto incluye aumentar la inversión en salud pública, dotar los hospitales de equipos y laboratorios adecuados y cubrir procedimientos esenciales como tomografías o resonancias magnéticas”.
Negación de derecho
Esas deficiencias son negaciones del derecho a la salud y violación de la ley, lo que incide en el enorme gasto de bolsillo de la población de régimen subsidiado, asegura el doctor Fulgencio, quien ve que esa población tienen que disponer de los escasos recursos para costear los servicios de salud que demanda. Son grandes desafíos que deben ser enfrentados para avanzar, indica.
Privatización
El profesional considera que en el Gobierno predomina una orientación hacia la privatización de los servicios de salud, favoreciendo el negocio privado. “Esta política mantiene a los hospitales públicos con baja capacidad operativa, mientras que el Senasa paga tarifas insuficientes que no cubren los costos reales”, asegura.
Contraste
El Gobierno destina recursos para cubrir procedimientos en centros privados a tarifas hasta 500% más altas, lo que provoca que muchos procedimientos que podrían realizarse en hospitales públicos sean cobrados a los pacientes o, en algunos casos, simplemente se dejen de ofrecer, afirma.
“Como resultado, muchas personas de escasos recursos deben buscar alternativas en el sector privado, enfrentando elevados gastos que muchas veces deben vender pequeñas propiedades o quebrar microempresas o dejan de ser atendido a tiempo, porque no pueden asumir esos gastos. Esto es una tragedia nacional”, asegura.
Baja inversión
Precisa que en el país se refleja una problemática estructural en todo el Gobierno, en la que converge baja inversión en salud, asignación insuficiente de recursos económicos a los hospitales y negativa del seguro estatal a cubrir procedimientos del que sí se realizan en los hospitales. Asimismo, la implementación de tarifas bajas discriminatorias en comparación con el sector privado.
Dice que esas fallas perpetúan desigualdades y limitan el acceso a servicios de calidad para la población más vulnerable, lo que se traduce en un impacto al sistema actual.
Planes complementarios
Es de opinión que el sistema actual fomenta el gasto privado, obligando a muchas personas a adquirir planes complementarios o a pagar de su bolsillo por servicios que deberían estar cubiertos. “Esto afecta especialmente a los pensionados, quienes se ven forzados a contratar seguros adicionales, debido a las redes limitadas de prestadores”.
Un detalle
Al panorama del régimen subsidiado hay que agregar la tragedia del contributivo y de pensionados, indica. “El régimen contributivo debe incurrir en alto gasto de bolsillo, debido a la pobre cobertura en medicamentos y de 50 mil millones de gasto nacional en medicamentos. Las ARS solo financian 6 mil millones”.
Ve procedimientos que no cubren las aseguradoras y baja tarifa a prestadores obligados a establecer copagos.
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