La consternación y el repudio se apoderaron este martes de Haití, tras la reciente matanza de más de 180 personas en Cité-Soleil, el mayor barrio de chabolas del país, ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’).
La zona de la masacre permanecía inaccesible hoy debido a la prohibición impuesta por el líder de la banda que impedía a cualquier persona abandonar el lugar en el que el fin de semana tuvo lugar la matanza, bajo el pretexto de que un hijo suyo había sido objeto de brujería.
Hasta este martes, las autoridades centrales, judiciales o policiales no habían tomado ninguna medida concreta para entrar en esta zona, donde la población vive en condiciones inhumanas desde hace varias décadas, a las órdenes de bandas armadas.
Sin embargo, las actividades funcionan normalmente en empresas públicas y privadas, así como en escuelas, en la parte de Puerto Príncipe bajo patrullaje policial, aunque en ciertas ocasiones se escuchan disparos.
La Policía y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, esta última bajo el liderazgo de Kenia, siguen sus operaciones en ciertos lugares como Nazon y Delmas 6, en la capital.
En cambio, en el escenario de la matanza, Cité-Soleil, donde la mayoría de las personas asesinadas eran ancianas, no se han producido acciones concretas de la Policía Nacional o de la Misión Multinacional.
La de este fin de semana fue la segunda masacre de este año perpetrada en el país, solo dos meses después de que a principios de octubre unas 115 personas fueron asesinadas por una banda, en el poblado de Pont Sondé, a unos 100 kilómetros de la capital.
Desde 2018 hasta hoy, Haití ha sufrido más de treinta matanzas por los grupos armados que causan estragos en el país, que han costado la vida a cientos de personas, algunas de las cuales murieron quemadas, a las que hay que sumar las decenas de mujeres y niñas víctimas de violaciones colectivas.
Condena unánime a la matanza
La masacre ha generado la condena en el país de organismos como el Consejo Presidencial de Transición (CPT), el primer ministro, la Embajada de Estados Unidos en Haití y la Oficina de Protección del Ciudadano, entre otras muchas.
“Los responsables de estos crímenes, así como sus cómplices, serán identificados y juzgados sin tregua. El Estado debe alzarse para que prevalezca la justicia”, afirmó hoy el presidente del CPT, Leslie Voltaire.
En respuesta a esta tragedia, el CPT ha ordenado una investigación inmediata y exhaustiva para identificar y llevar ante la Justicia a los responsables.
También se ha comprometido a “intensificar sus esfuerzos para restablecer la seguridad y proteger” a todos los ciudadanos haitianos.
El Consejo Presidencial llamó a la unidad nacional “para hacer frente a estos desafíos».
Asimismo, la Oficina de Protección del Ciudadano (OPC) condenó el martes la masacre de más de 180 ciudadanos, la mayoría de ellos de entre 60 y 80 años en el sector Wharf de Jeremie en Cité-Soleil.
El organismo expresó su “indignación y profunda tristeza” por esta masacre, al parecer motivada por creencias supersticiosas infundadas. Según el OPC, las acusaciones de brujería no justifican en modo alguno la violencia ni las ejecuciones sumarias.
“Las personas mayores, que tanto han contribuido a la sociedad, merecen respeto y protección, y no ser víctimas de una violencia inaceptable».
Hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que preste atención a esta alarmante situación en Haití y apoye los esfuerzos para restablecer la ley y el orden y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
También, la Embajada de Estados Unidos reiteró su determinación de trabajar con Haití, la Policía Nacional Haitiana y la Misión Multinacional para restablecer la seguridad en el país y destacó la importancia de que estas fuerzas estén bien equipadas para conseguir este objetivo.
“Una vez más, bandas criminales, que representan el 0,1 % de la población haitiana, han cometido actos incalificables”, afirmó la legación.
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