La democracia se vanagloria de ser el sistema del respeto al Estado de derecho, y, comparado con otros sistemas políticos, razones no faltan. Las dictaduras vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía, mientras las democracias buscan protegerlos.
No obstante, aun en los sistemas democráticos, encontramos violaciones flagrantes al sistema de justicia, que socaban la noción de que todos somos iguales ante la ley.
Los ejemplos sobran en la República Dominicana y en el mundo de que la justicia no se aplica igual a toda la ciudadanía por las disparidades de poder. Así, a mayor poder político o económico, mayor probabilidad de evadir el peso de la ley.
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La forma de evasión varía en función de las circunstancias. A veces los pueblos eligen políticos con expedientes delictivos, otorgándoles su libertad ipso facto (caso Trump). A veces se considera que la justicia ha actuado de manera injusta y quedan liberados por jueces y reivindicados por la ciudadanía (caso Lula). Ambos han sido reelectos después de tener expedientes formulados en su contra.
En otros casos, donde lo permite la Constitución, los presidentes emiten perdones a personas acusadas o cumpliendo condenas. Esas clemencias se deben con frecuencia a favoritismos personales o políticos del incumbente (por ejemplo, Trump perdonó al padre de su yerno y Biden a su hijo).
En los países con amplia corrupción pública y privada como es la República Dominicana, la ciudadanía tiende a tolerarla, y usualmente, los motores de la anticorrupción se encienden para destronar algún sector político del poder, no para combatirla.
En estos contextos, la justicia es siempre vulnerable a los vaivenes políticos, ya sea que se haga de la vista gorda o que accione, y si acciona, tarde o temprano aparecerá sesgada ante la ciudadanía porque enfrentará la corrupción de unos y no de otros que mucha gente ve también como corruptos.
Al final, la justicia es evaluada negativamente por amplios segmentos de la ciudadanía, condensada en expresiones como: la justicia no sirve, la justicia no funciona, los jueces se venden, etc.
Para quienes imparten justicia con compromiso y honestidad, estos procesos pueden resultar frustratorios, no solo por la evaluación negativa de la ciudadanía, sino también porque, al final, podrán ver los casos caerse cuando cambien las condiciones políticas.
En la República Dominicana, los sometimientos de corrupción por el escándalo Odebrecht se cayeron todos (los 14 encartados están libres), mientras los casos vinculados con la corrupción en el último gobierno del PLD están en el aire, a pesar de que ya los principales implicados pasaron 18 meses en prisión. Y mientras más avance el tiempo, menos probabilidad de concluir con sentencias de culpabilidad; además, otros casos de corrupción inundarán los medios y las redes.
Precisamente, una de las dificultades para combatir la corrupción judicialmente es que muchos corruptos saben que tarde o temprano saldrán libres, porque detrás vienen nuevos corruptos.
En teoría, la justicia debería estar por encima de la política, regulando su accionar; en la práctica, la política se impone con frecuencia.
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