En nuestro país se producen algunos debates entre funcionarios, dirigentes políticos y legisladores, entre otros sectores, que evidencian hasta qué punto hemos llegado en la rutinización o “normalización” de la corrupción. Un ejemplo: el debate alrededor de dos proyectos de ley que animan dos senadores con la intención de terminar con el barrilito ha causado una áspera reacción de muchos diputados que no sólo manifiestan bajo nivel para la investidura que ostentan, sino bajos instintos para defender sus privilegios. Sin rubor algunos dicen que, si a ellos les limitan sus canonjías, lo propio deberá suceder con los senadores. Es una suerte de guerrita por prebendas entre las dos cámaras legislativas del país, de la cual los partidos parecen no estar enterados.
Un medio de la prensa recoge la información de que una diputada del PRM señaló: “si vamos a eliminar privilegios, que sean todos, no solamente de los diputados” y otros legisladores de la misma cámara y remataron diciendo: “a los senadores vamos a quitarles porque esos sí tienen privilegios”. En medio de la ciega y resuelta defensa de sus sinecuras, uno de ellos planteó el dislatede que estas constituyen “un derecho adquirido”. Vaya usted a saber. La generalidad de los privilegios de los legisladores, como el barrilito, las canastas navideñas, los bonos de día de las madres, etc., son de arbitraria auto designación, no tienen ningún soporte legal que los convierta en derecho adquirido, algo que no parece entender el diputado que así se expresó.
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Sin embargo, un privilegio que tiene base legal, aunque absolutamente ilegítimo, es el derecho a la exoneración de vehículos. Es el más oneroso para el erario y que mejor expresa la “normalización” de la corrupción. La Ley 57-96 libra de todo límite el precio del vehículo que se desee importar, por lo cual, en los últimos cuatro años, para los legisladores, han llegado al país 499 vehículos y de estos más de 170 son de lujos. Entre los que se cuentan 68 Porsche, 51 Ferrari, 35 Lamborghinis, nueve Rolls-Royce, ocho McLaren y tres Aston, que son revendidos por el legislador importador, obteniendo jugosas es ilegítimas ganancias en perjuicio del fisco.
Según la DGA, fueron 2,140 millones de pesos que dejó de percibir el Estado por concepto de esas exoneraciones. Son varias las iniciativas de algunos de todas las bancadas para limitar las canonjías y por el generalizado el rechazo de la población a estas prácticas claramente corruptas, “normalizadas”, institucionalizadas. Sin embargo, ninguna de esas acciones impulsadas por particulares legisladores para terminar con esas prácticas concita el apoyo oficial y resuelto de sus partidos. Evidenciándose dos cosas: primero, estas colectividades carecen del poder suficiente para imponer sus agendas legislativas y segundo, que los legisladores son independientes en la defensa de sus intereses particulares o grupales.
En ejemplo del aserto arriba enunciado, es el rechazo de los diputados a la propuesta de reducir 53 de los 190 de su matrícula. Impusieron la reducción de solo 20. Una cantidad casi simbólica. No podemos avanzar en la institucionalización del país si, en algunas cuestiones nodales, los congresistas establecen sus reglas por encima de sus partidos y del gobierno al que pertenecen. Es, entre otros factores, sobre ese carácter perverso del principio de representación que crece y se fortalece el sentimiento contra la política y los políticos. También, por aberraciones como las referidas, es que se debilita la democracia y avanzan la ultraderecha y el neonazi/fascismo.
De los partidos nacen todas las instituciones del Estado, con sus representantes en las diversas instancias es que se eligen los principales integrantes del poder Judicial, de las Altas Cortes, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y los diversos tribunales. Por consiguiente, si los partidos no son capaces de tener un nivel de institucionalidad que les permita tener un mínimo de control sobre sus congresistas no podrán llevar a puerto los lineamientos programáticos básicos de sus gobiernos. Y es que el alto o bajo nivel de institucionalidad de un partido se reflejará en los diversos niveles de poder que este haya alcanzado: nacional y local.
Es lo que parece está sucediendo actualmente en nuestro país, las críticas y desencanto de diversos sectores se centran en el actual partido de gobierno. Ello así, por el mal manejo de las cuestiones arriba señaladas y por las muchas expectativas que se crearon en el contexto de embrujo en que surgió. Sin embargo, en las pasadas administraciones del Estado la cosa quizás fuer peor. El partido gobernante era el partido del gobernante de turno. Simplemente. En definitiva, un Congreso, no puede constituirse en una institución caja/resonancia del gobierno central, tampoco de los partidos. Pero un Congreso, reducido básicamente a una suerte de fortaleza/pillaje, manejado al antojo por la aplastante mayoría de sus integrantes, sin el debido control partidario y sin un adecuado relacionamiento con los otros poderes del Estado, difícilmente pueda ser soporte para producir cambios sustantivos, y los pocos que se puedan lograr serían insostenibles. En ese sentido, vale preguntarse sin con el Congreso que tenemos podemos avanzar en la consolidación de la institucionalidad democrática del país.
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