El director de la Oficina Nacional de Defensoría Pública (OMDF), Rodolfo Valentín, abogó ayer porque las cárceles del país no continúen siendo administradas por miembros de la Policía, porque, además de que no están formados para eso, la Ley Orgánica de la institución no se lo permite.
Dijo que sería un “error” del Estado poner en manos de esos agentes los centros penitenciarios, al afirmar que “todo lo inadmisible que se da en los centros administrados por policías, sucede en los centros carcelarios”.
“Los responsables deben ser personas con formación en derechos humanos, constitucional, tratamiento penitenciario, formación en uso de la fuerza, o sea, un personal formado integralmente para poder administrar”, explicó.
El funcionario habló en esos términos durante un almuerzo que en ocasión de las festividades navideñas que ofreció a periodistas en un hotel de esta capital.
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SISTEMA NO FUNCIONA
Sobre la situación de los privados de libertad en las cárceles del país, dijo que poco se ha avanzado, pues los hacinamientos continúan en los recintos.
Refirió que la Ley 113-21 que derogó la anterior Ley de Prisiones, que dice que el viejo modelo penitenciario no sirvió, que no iba a existir dos sistemas (un modelo nuevo y uno viejo) se creyó que era la panacea al problema, pero que no ha sido así, porque la legislación, a la fecha, ni siquiera reglamento de aplicación tiene.
“¿Qué ha pasado?, que el nuevo modelo ha absorbido al tradicional y los dos modelos son tierra de nadie. Hoy, preventivos y condenados, asesinos, homicidas, violadores, clonadores de tarjeta, secuestradores (…) todos están ligados en este sistema”, señaló.
En opinión del director de la Defensoría Pública, eso quiere decir que las leyes no rompen paradigmas. “Si son inaplicables, si no se ejecutan, si no se produce un reglamento para su aplicación”.
Dijo, además, que no es un problema de estructura, “es un tema que dentro del sistema carcelario debemos desaprender para aprender a administrar”.
MAS DE UN MILLÓN
Valentín resaltó que más de un millón de personas han sido asistidos por defensores públicos en los tribunales durante los 20 años que tiene de creada la institución y que 24,000 entran mensualmente al sistema para ser atendidos.
Dijo que la Defensoría Pública no defiende a delincuentes, sino, a personas vulnerables en conflicto con la ley penal, que muchas veces son inocentes.
“En el 2023 nosotros pudimos resolver aproximadamente cinco mil casos con absoluciones y autos de no ha lugar, lo que significa que esas personas a quienes defendimos, no eran responsables penalmente de los delitos imputados”, explicó Rodolfo Valentín durante el encuentro.
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